viernes, 12 de enero de 2018

La vida después de la prisión política: a propósito de la publicación virtual de «Los RÍOS – Documental»



Los RÍOS, que presenta el testimonio de vida de líderes y autoridades de Huehuetenango que sufrieron prisión política –y el de sus familias-, se presentó en julio de 2017. Esto, tras un año de la sentencia que dejó en libertad a ocho de los líderes encarcelados, y luego de casi dos años de la que posibilitó salir en libertad a otros dos. 

Ahora, queda a disposición en los canales virtuales, para quien desee conocer estas historias, luego de realizadas presentaciones públicas en Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Chimaltenango, Ciudad de Guatemala y en Comitán Chiapas. 

Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, junto a sus esposas, en presentación de "Los Ríos", en Barillas


Durante estas presentaciones en vivo, nos fuimos enterando de los diferentes caminos que tomaron los protagonistas del documental, después de recobrar su libertad. Hubo quien se fue a los Estados Unidos, por razones económicas, según nos comentan; otros siguieron en su región, como líderes, pero más en el ámbito religioso. Otros continuaron ejerciendo el liderazgo en sus comunidades y organizaciones. Sin embargo, independientemente del camino tomado, las secuelas físicas y emocionales de lo vivido en medio de ese proceso es algo de lo que ninguno se pudo librar.

Durante el pasado diciembre visité en el Hospital Regional de Occidente a Rubén Herrera, ex preso político, quien luego de haber sufrido un infarto, quedó internado unos días. Rubén está recibiendo también un tratamiento de hemodiálisis y durante mi visita me hizo la siguiente propuesta: 

- “Me gustaría que hicieras un video pequeño, en el que digás que si en algo nos ganó la batalla la empresa, es en el hecho que muchos de los compañeros que estuvimos encarcelados, hoy estamos enfermos”.

Con posterioridad, en una carta en que agradece la solidaridad recibida durante su enfermedad, expresó que todo el cariño demostrado por personas de diferentes países y organizaciones confirma “que no he estado equivocado en confiar en lo que hago y que todo ha valido la pena”. Y añade: “el ser un guerrero tiene sus costos y lo estoy pagando, pero de aquí en adelante me queda vida, la cual recorreré y caminaré”.
 
Ruben Herrera durante filmación de "Los Ríos"
Rigoberto Juárez afirmó que la criminalización de los defensores del territorio forma parte de una “política de exterminio que nos afecta en lo moral, lo económico y lo físico. Es un exterminio de las ideas colectivas”.

También aseguró que las secuelas que más le afectan están en lo laboral y lo económico; además que siguen abiertos dos procesos judiciales en su contra. Y aunque cree que sí hay quienes luego de la prisión política creen que la lucha ya no vale la pena, él piensa lo contrario.
 - “Con más razón seguimos (…) Yo seguiré hasta la muerte”. 


De hecho, la defensa de los recursos naturales en territorio q’anjob’al es algo que todavía le ocupa; Rigoberto señala que existen 23 proyectos hidroeléctricos aprobados, y el más avanzado y que actualmente es motivo de conflictividad, es el ubicado en San Mateo Ixtatán, denominado Ixquisis.
Para él, la prisión política es el desencadenante del actual modelo económico. Y afirma que el principal impacto de este, es la expulsión de los hermanos migrantes de sus territorios, que hacen parte de un círculo vicioso en el que a la vez que se obliga a las personas a migrar, también se deben enfrentar a las políticas anti migrantes.

La gente debe pedir permiso para trabajar y ganarse el pisto con el sudor de su frente; mientras que las empresas pueden entrar a nuestras comunidades, matando y dañando. Y con castigo severo para quien se opone, agregó.

Así es como muchos de los líderes y autoridades indígenas mantienen su deseo de seguir luchando, a pesar de haber sufrido la criminalización de parte de un Estado que impone su modelo de desarrollo, sin respetar el derecho de las comunidades a ser consultados. Y pese a que hoy en día los líderes y autoridades del norte de Huehuetenango gozan de libertad; el profesor Abelino Chub en el Estor, Izabal, sigue guardando prisión como resultado de la conflictividad agraria en territorio q’eqchi’. Lo mismo sucede con algunas autoridades en territorio Mam, en San Pablo, San Marcos. Esto es un ejemplo de que la persecución por motivos de la defensa de los recursos naturales, es en efecto una manera de neutralizar la resistencia de las comunidades, para imponer proyectos de explotación de la naturaleza.

El profesor Arturo Pablo, ex preso político, recibiendo su copia de "Los Ríos"
Agradecemos a quienes de diferentes formas hicieron posible la culminación del proyecto documental “Los Ríos”. Y gracias a quienes se interesen en ver nuestro trabajo, esperamos que les deje alguna reflexión y lo compartan en sus redes.


lunes, 31 de marzo de 2014



¿Cómo hacer frente a la nueva arquitectura neoliberal en Guatemala?


1. Desenmarañando los mecanismos con que operan las inversiones extranjeras en el país.
El neoliberalismo se impuso en Centroamérica bajo una estrategia de gradualidad. Y las condiciones que garantizaron que en la actualidad los flujos de inversión extranjera, destinados a la industria extractiva y los megaproyectos, lleguen con toda tranquilidad a los territorios rurales para la implantación de proyectos mineros, hidroeléctricos, etc., fueron dados incluso años antes de la aprobación de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (DR-CAFTA).
En julio de 2003, ocurrió en el país un hecho determinante, no identificado de esa manera en aquellos años. Se trata de la aprobación y puesta en vigencia del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados.
Este convenio fue el que dio vida al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), entidad adscrita al Banco Mundial. En la actualidad, es la principal instancia que dirime las controversias entre una empresa extranjera y un Estado, si éste pone obstáculos a las inversiones de las empresas, afectando su rentabilidad.
El CIADI ha significado para los países denominados “en desarrollo”, una camisa de fuerza para protegerse de cualquier daño que puedan provocar las empresas de capital extranjero. Esta instancia puede accionar también si un Estado pretende finalizar un contrato de concesión de un territorio o un bien público; o bien si desea nacionalizar un servicio privatizado.
A la fecha, el país ha sido objeto de tres demandas[1]. Dos se debieron a que la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), hizo ajustes al Valor Agregado de Distribución, afectando las ganancias de las dos empresas demandantes, que para entonces eran accionistas de EEGSA. Estos casos son ejemplos de cómo una empresa puede presionar a un Estado para impedirle que ajuste los precios del servicio eléctrico para hacerlo más accesible este bien básico para la población.
Otros casos relacionados con demandas ante el CIADI, en lo relativo a industrias extractivas, se ha podido observar en El Salvador. Ahí dos empresas mineras han demandado al Estado por US$315 millones y US$100 millones, por suspender las licencias de explotación minera.
En el DR-CAFTA, se estableció que el CIADI sería la instancia de arbitraje designada para las demandas entre una empresa (estadounidense o centroamericana) frente al Estado. Para las inversiones de industrias provenientes de otros países como España, Bélgica, Francia, Italia o Alemania, estos países han firmado los llamados Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APRRI), en los cuales también se reconoce al CIADI como la asignada para este tipo de arbitrajes.
En el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, lo que se hace es avalar estos acuerdos de inversión bilaterales, reconociendo a las instancias de arbitrajes establecidas en los APRRI.  
2. Denunciando estos mecanismos perversos de la inversión extranjera, y exigir su desmantelamiento
Los APRRI y los TLC, como contratos que protegen las inversiones extranjeras, limitan al país en distintos asuntos que son de interés, sobre todo, de la población del campo. Por ejemplo, la moratoria a las licencias de minería solicitada por la Marcha Indígena, Campesina y Popular –articulación social que en 2012 realizó una marcha durante nueve días-. En efecto, el presidente Otto Pérez Molina, señaló a los grupos que participaron de dicha marcha, que esa petición, podría ocasionar que las empresas con licencias mineras interpusieran demandas contra el Estado guatemalteco.
La nacionalización de la energía eléctrica, otra demanda reiterada de las organizaciones campesinas, puede ser bloqueada por los APRRI, puesto que este convenio firmado por los países con más inversiones en el país, incluye un capítulo denominado “Nacionalización y Expropiación”, en el que se establece que las inversiones “.. no serán sometidas a nacionalización, expropiación ni a cualquier otra medida de efectos similares (…) excepto que cualquiera de esas medidas se adopte por razones de utilidad pública o interés social, con arreglo al debido procedimiento legal, de manera no discriminatoria y se acompañe del pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva”.
Esto deja entrever posibles demandas, frente a una eventual nacionalización del servicio eléctrico, utiliando al CIADI, como el tribunal encargado para tal fin. Por tanto, las organizaciones sociales y campesinas deben plantearse abrir nuevos frentes, que complementen la movilización y presión social que vienen ejerciendo como su estrategia de lucha.  
La dirigencia nacional del movimiento social, y los equipos jurídicos que han acompañado a las organizaciones, debieran analizar la posibilidad de agregar a sus demandas, que el Estado renuncie al “Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados”; como ya lo han hecho otras naciones como Bolivia, Ecuador y Venezuela. También renunciar a los APRRI, para exigir que las disputas Inversionista-Estado sean dirimidas en tribunales nacionales y según la legislación guatemalteca. De esta manera, se puede recuperar la soberanía del país para tomar decisiones que protejan los intereses nacionales, sin el temor a ser demandados.
Pérez Molina anunció que buscará una discusión en el órgano legislativo de la aprobación de una Ley de Minería. Frente a esta coyuntura, las organizaciones deben considerar llevar este planteamiento.

3. Sumando esfuerzos con otros pueblos que están luchando por recuperar su soberanía.
De la gran mayoría es sabido que el gobierno en lugar de mostrar un interés legítimo de cuidar los intereses nacionales, ante el accionar de la industria extractiva, más bien lo que ha hecho es reprimir la resistencia a la imposición de estos proyectos.
Pero también es cierto, que en casos excepcionales –por ejemplo el reconocimiento de Guatemala al Estado Palestino-, el gobierno cede ante los posicionamientos de la región latinoamericana.
De manera que un primer paso es retomar los esfuerzos de articulación a nivel de Centroamérica; que entre otras cosas es el conglomerado de países con los cuáles nos hemos inmerso en la dinámica de los tratados comerciales, y de inversión. Como propuesta estaría incluir en foros regionales estos temas y buscar estrategias de incidencia ante instancias como la Secretaria de Integración Centroamericana (SICA), en la cual se empieza a vislumbrar una nueva configuración, más favorable para las propuestas de los movimientos sociales.
Asimismo, deben irse buscando alianzas con los gobiernos progresistas de Latinoamérica, para conocer y aportar a la búsqueda de soluciones. Como es el caso de los países del ALBA, que han creado la Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos Afectados por Intereses Transnacionales.
Finalmente, se hace necesario mantener una vigilancia, desde los movimientos sociales, a las empresas transnacionales, y los Estados que les amparan. En Guatemala, los inversionistas siempre han ido un paso adelante en su afán de garantizar buenos resultados de sus proyectos en el país. El reto es avanzar más ágilmente en nuestras estrategias.  

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[1] A través del CIADI, el Estado de Guatemala ha sido demandado en tres ocasiones. Dos amparadas en el DR-CAFTA, y otro bajo la figura de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. El monto de estas tres demandas suma US$1,087 millones de dólares (casi el presupuesto del Ministerio de Educación en 2013 que es de US$1,356 millones, aprox). A la fecha, el Estado sólo ha perdido una demanda, por la cual ha sido obligado a pagar US$15.1 millones.