Por Juan Pablo
Ozaeta
Colectivo de
Estudios Rurales Ixim (CER-Ixim)
En las recientes semanas, una serie de
acontecimientos de amenazas, ataques y capturas contra poblaciones enfrentadas
a empresas extractivas y de servicios, y en defensa de sus medios de vida,
pintan un panorama preocupante para la población rural, y muy delicado para un
Gobierno como el que preside el ex general Otto Pérez Molina.
A continuación, una relación de hechos recientes:
El día 2 de mayo, en el municipio de Santa
Cruz Barillas, municipio de Huehuetenango (altiplano occidental, frontera con
México), se llevan a cabo disturbios entre pobladores y personeros de la
empresa Hidro Santa Cruz, S.A, que concluyen con la muerte del campesino Andrés
Pedro Miguel.
Estos enfrentamientos se originan tras el
impulso de un proyecto hidroeléctrico de la empresa Hidro Santa Cruz,
subsidiaria de Hidralia Energía, de capital español. Como resultado de estos
hechos, el gobierno declara estado de sitio y detiene a por lo menos once
personas de la comunidad, a quienes implicó en los disturbios, y se les imputan
cargos de terrorismo.
El 31 de mayo, es capturado y puesto en
libertad por falta de pruebas Rodimiro Lantán, líder de la Coordinadora de Asociaciones
y Comunidades para el Desarrollo Integral de la Región Ch’ortí –COMUNIDCH-.
Esto ocurrió poco después de haberse realizado la entrega de Títulos como
Comunidades Indígenas de Ascendencia Maya Ch´orti´ y Títulos de Consejos de
Asuntos Indígenas, Territoriales y Recursos Naturales de las Comunidades
Indígenas de Tachoche y Tizamarté, del municipio de Camotán, Chiquimula, en el
oriente del país.
Tres meses atrás, fue asesinado un líder de
esa organización, Elaví Hernández
Agustín, quién fungía como Secretario del Consejo de Administración de Tierras
y Recursos Naturales de la Alcaldía Indígena de Esquipulitas, La Unión Zacapa, región
Ch’orti’.
El 13 de junio, Yolanda Oquelí lideresa
comunitaria del municipio de San José del Golfo, cercano a la capital, fue
atacada por dos hombres en una moto, quienes les dispararon hiriéndole con un
bala cerca del hígado.
Oquelí ha liderado la resistencia pacifica
ante la instalación de un proyecto minero de la empresa Exploraciones Mineras de
Guatemala, S.A (Exmingua.). Esta compañía es subsidiaria de la empresa canadiense
Radius Exploration Ltd.
Yolanda Oquelí al micrófono. Foto: James Rodríguez - Mimundo.org
El 4 de julio, se denunció la persecución y
agresiones en contra de integrantes del Consejo de Pueblos
K´iche´s (CPK), entre las que se encuentra la líder
Lolita Chávez.
Cuatro mujeres integrantes del CPK resultaron
heridas por supuestos simpatizantes del alcalde de Santa Cruz del Quiché, luego
de una manifestación pacífica en contra de dicho jefe edil, quien pertenece al
partido de Gobierno, y contra la instalación de torres eléctricas de la empresa
de distribución de energía DEOCSA, propiedad de la compañía inglesa Actis.
Semanas atrás, en la misma región ocurrió un
violento asesinato, contra José Tavico Tzunun, también integrante del CPK.
Lolita Chávez, del Consejo de Pueblos K´iche´s (CPK)
Luego de esta relación de hechos, del cual pudieron
haberse quedado otros sucesos sin mencionar, cabe apuntar que poco o nada se ha
visto para aclarar los actos de violencia e intimidación contra estos líderes y
lideresas rurales. Una excepción es el caso de Santa Cruz Barillas, en el cual
se capturó a dos guardias de la empresa Hidro Santa Cruz, acusados de la muerte
del campesino Andrés Pedro Miguel.
En tanto, el actual Gobierno protagonizó otros
acontecimientos que también fueron noticia reciente y que dibujan el marco
político de esta relación de sucesos de violencia contra la población rural.
El pasado 30 de junio, el general Otto Pérez
Molina, presidente de la República, inauguró dos brigadas militares, entre
ellas una ubicada en el municipio de San Juan Sacatepéquez, cerca de la
capital, donde desde hace varios años existe resistencia contra una empresa
cementera; situación que ha provocado que a la fecha haya líderes purgando
largas condenas.
Un mes antes, el 17 de mayo, el gobierno de
Otto Pérez lanzó su política de Desarrollo Rural, que incluía un “Marco General
de Política para la Promoción de la Inversión Privada en Territorios Rurales”.
Este señala que existe necesidad de inversión privada y extranjera, por lo que
“brindará seguridad jurídica al inversionista (…) impulsando el desarrollo
sostenible mediante el uso de los recursos naturales, especialmente aquellos
que por reconocimiento constitucional se definen como bienes del Estado (el
subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales)”.
Vale añadir también la firma del Acuerdo de
Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, realizada en Tegucigalpa,
Honduras, el 29 de junio, el cual cuenta con un pilar importante de comercio e
inversiones, que promoverían más inversiones en territorios rurales, como las
de las empresas europeas ya mencionadas acá, y que son actores protagónicos de
esta lucha por el control de los recursos naturales.
Todos estas “novedades” hablan de un Gobierno
que impulsa a la fuerza un proyecto económico orientado la explotación de
recursos naturales, y que en lugar de garantizar mejoras en las condiciones de
vida de la población rural, trae violencia y ataques contra hombre y mujeres
líderes.
También presenta un desafío para el liderazgo
rural y los movimientos sociales, para saber actuar unificadamente contra esta
ola de ataques, y difundir ante la sociedad guatemalteca, y en particular en
las poblaciones rurales, un modelo de
bienestar realizable, sostenible y respetuoso de la madre naturaleza.
Fuentes:
Imágenes de
capturas en San Juan Sacatepéquez:
